EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

POSICIÓN DE LA ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD), SOBRE LA CONDENA A LA REPÚBLICA DOMINICANA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CORTE IDH) Y LA RESPUESTA DEL ESTADO DOMINICANO.

 Nota Enviada

El gobierno dominicano desaprovechó la oportunidad de rectificar que le ofreció la sentencia de la Corte IDH, reiterando una política sobre derechos humanos influida de manera determinante por una ideología extremista que niega estos derechos y que está conduciendo a nuestro país por el camino peligroso del cercenamiento de la democracia y la negación del Estado de Derecho.

La privación de sus derechos de nacionalidad y los abusos cometidos contra los dominicanos y dominicanas de origen haitiano forman parte de una estrategia orientada a restringir las libertades públicas y los derechos democráticos.

Ese proyecto lo están ejecutando grupos derechistas negadores de los derechos humanos que, enarbolando un populismo seudo nacionalista, ejercen una influencia marcada en el gobierno y en los poderes públicos.

Si el presidente Danilo Medina quisiera salvar su responsabilidad histórica no le queda más camino que acatar la sentencia emitida por la Corte IDH que condena a la República Dominicana y hacer pública la voluntad de nuestro país de respetar y hacer respetar los derechos humanos.

La Alianza por la Democracia ha llegado a estas conclusiones luego de haber analizado con la debida ponderación la condena de que fue objeto el Estado dominicano por violación a los derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como la reacción del Estado vía el Tribunal Constitucional y de órganos dependientes del Poder Ejecutivo, la Alianza por la Democracia (APD).

La posición de la APD se expresa en los puntos siguientes:

1. La condena de que fue objeto el Estado dominicano por violación a los derechos humanos de parte de la Corte IDH fue justa y merecida a la luz de los hechos y del derecho. Al formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos República Dominicana estaba y está obligada a respetar y hacer respetar los derechos humanos. Al violar estos derechos, como quedó evidenciado de manera fehaciente, el Estado dominicano debía ser y fue condenado, de la misma manera que lo había sido anteriormente por ese tribunal internacional.

2. El Estado dominicano, así como todos los órganos que lo constituyen y expresan, estaba –y está- obligado a acatar la sentencia de la Corte IDH. Así lo manda la constitución vigente proclamada el 26 de enero de 2010 al consagrar  el Bloque de Constitucionalidad y al reconocer preeminencia a los tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos.

3. Fue en violación al mandato constitucional que nos rige, así como a principios fundamentales que sustentan nuestro sistema político institucional, que diversas instancias del Estado dominicano encabezadas por el Tribunal Constitucional y apoyadas por el gobierno expresaron su desacato a la sentencia de la Corte IDH que es de cumplimiento obligatorio para el Estado dominicano.

4. Para incumplir la decisión de la Corte IDH, desconociendo las obligaciones asumidas por nuestro país y los preceptos establecidos en nuestra carta Magna, el Tribunal Constitucional recurrió en su sentencia 256-14 a argumentos peregrinos sin sustento en el derecho internacional ni en la Constitución del 26 de enero de 2010. En su dictamen, el Tribunal Constitucional mantuvo la estrambótica interpretación del tránsito de más de 50 años que utilizó en su fallo 168-13.

5. Para sustentar su respaldo a las sentencias del Tribunal Constitucional el gobierno se ha escudado en una ficticia y formal “separación de poderes” con la que pretende esconder el hecho incontrovertible de que el partido de gobierno y el bloque de poder que se articula a su alrededor, tienen el control absoluto de todas las funciones del Estado. La práctica totalidad de los y las integrantes de las altas cortes ocupan sus funciones como parte de una estrategia de control de todas las instituciones públicas. No hay pesos ni contrapesos en el sistema político dominicano.

6. El Tribunal Constitucional, el gobierno y la corriente reaccionaria negadora de los derechos humanos sustentan que la aceptación de la competencia de la Corte IDH de parte del Estado Dominicano realizada por el presidente Fernández en 1999 fue inconstitucional. La inconsistencia de este argumento ya ha sido demostrada por la propia Corte IDH, por las juezas y el juez del TC que emitieron voto disidente y por prominentes juristas.

7. Para el gobierno y los sectores más derechistas del país el Estado dominicano se desligó de la competencia de la Corte IDH a través de la sentencia TC 256-14; también afirman que la República Dominicana puede seguir formando parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos aunque no reconozca la competencia de esta corte. Ambos argumentos son falsos. Una sentencia del Tribunal Constitucional no puede desligar al país de la competencia del tribunal internacional. Tampoco está contemplado que un Estado que haya ratificado la Convención de Derechos Humanos pueda desligarse de la Corte y seguir formando parte del Sistema.

8. La raíz de esta situación reside en que la nueva derecha dominicana expresa su extremismo abjurando de los derechos humanos, a partir de postulados de corte xenófobo y racista que esconden bajo el manto de un populismo seudo nacionalista. Esta derecha ha ganado terreno al interior del partido de gobierno y del gobierno mismo. El abandono de principios originales y la involución ideológica del PLD no le permiten a su gobierno abordar la cuestión de los dominicanos de origen haitiano desde una perspectiva de derechos humanos.

9. Todo esto conduce a nuestro país a un aislamiento creciente, el cual alcanzaría niveles más altos con las nuevas condenas de que sería objeto el Estado dominicano y con la denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que es lo que reclaman estos sectores a un gobierno que obedece cada vez más a sus dictados. Si las cosas siguiesen ese derrotero perderían la República Dominicana, su sistema institucional y, sobretodo, el pueblo dominicano que vería así disminuidas sus posibilidades de hacer valer sus derechos. Perdería la República Dominicana al quedar excluido nuestro país de los beneficios económicos, comerciales, políticos e institucionales vinculados al cumplimiento en materia de derechos humanos. Perdería el sistema político con la deslegitimación de sus instituciones al permitirse la violación de la Constitución de parte del propio órgano llamado a salvaguardarla. Y perdería toda persona residente en la República Dominicana, independientemente de su nacionalidad, al no tener la posibilidad de hacer valer sus derechos en un tribunal internacional especializado en la protección de los derechos humanos como es la CorteIDH.

10. Para la Alianza por la Democracia (APD), las acciones desarrolladas por la franja política más conservadora del país con la anuencia del gobierno dominicano, representa un grave retroceso institucional y una amenaza grave y real para el sistema democrático en la República Dominicana. La APD estará al lado de la ciudadanía consciente y de todas las organizaciones políticas, sociales o de cualquier índole que estén dispuestas a defender el régimen democrático y, con él, los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos democráticos. Si el presidente Danilo.

Por la Dirección Ejecutiva de la Alianza por la Democracia,

Max Puig, Presidente