Fuente Externa
En declaraciones firmadas por su presidente,
Max Puig, la Alianza por la Democracia (APD) advirtió que la persistencia de
los bajos precios del oro en los mercados internacionales representa
una grave amenaza para la economía nacional, precisando que la empresa Barrick
Gold podría incluso cerrar sus operaciones en el país de acentuarse la
tendencia bajista.
Expresó la organización política que el gobierno y el país deben tomar
con toda la seriedad que amerita el grave anuncio hecho por el presidente de
Barrick Gold en el país, Manuel Rocha, hace algunos días de que en este año el
aporte fiscal de la empresa se reducirá en cien millones de dólares como
consecuencia del descenso del precio del oro a nivel mundial.
Señala la APD que desde el año 2013, cuando se rediscutió el contrato
entre el gobierno y la transnacional canadiense, advirtió que el mercado del
oro había ingresado en un período depresivo, por lo que se debían tomar medidas
que fueran más allá de las meramente fiscalistas.
Esta tendencia a la baja ha sido confirmada por años de precios cada vez
más deprimidos, y ahora por el máximo representante de la empresa en el país,
dijo el partido político.
Consideró que la tendencia hacia la baja es tan acentuada que puede
preverse que en los próximos tres años el precio de la onza de oro descienda a
los mil dólares o menos, lo que conllevaría la suspensión de las operaciones de
Barrick en el país.
A juicio de la APD fue un error del gobierno haber aceptado el precio de
US$1,400 la onza como precio de referencia del oro en la renegociación del
contrato con Barrick, cuando en realidad el precio promedio ha estado por
debajo de los US$1,200 en los últimos años. La fijación de ese alto precio de
referencia se hizo con el propósito de crear expectativas de que se obtendrían
más recursos de los que terminará recibiendo el país por la explotación de este
metal, adujo.
Precisó la Alianza por la Democracia que a pesar de que el agua es un
insumo imprescindible para el procesamiento de los sulfuros que es la materia
prima de donde se extraen el oro, la plata y otros metales en la mina de Pueblo
Viejo, y de que esta es utilizada en gran cantidad, el Estado dominicano no
recibe un solo centavo de Barrick por este valioso elemento para la vida humana.
En ninguna parte del mundo se le regala el agua a la minería ni a
ninguna actividad productiva, sino que por el contrario se cobra por ella en
relación a la cantidad y al papel que juega en el proceso de producción.
Explicó que en estos momentos el precio del agua sería aún mayor por su
gran escasez dada la gran sequía que ha vivido el país en los últimos años y la
gran demanda que este líquido posee para otros usos más prioritarios que la
minería desde el punto de vista de las necesidades alimentarias y de consumo
directo por parte de la población.
Por otra parte, la APD reiteró su propuesta de que se asegure la
refundición del doré en el país. La creación de esta refinería, como lo propuso
en su momento Juan Bosch, permitiría agregarle valor al oro de Pueblo Viejo, lo
que se traduciría en un mayor precio. La empresa podría a la vez refinar oro
procedente de otros lugares del mundo aumentando los ingresos por este
concepto, agregó.
Aclaró que esta planta de refinamiento debe ser instalada por Barrick en
sociedad con el Estado dominicano, y que al término de un plazo acordado entre
las partes ella pasaría a ser propiedad exclusiva del país.
La Alianza Por la Democracia (APD) también propuso que se cree un fondo
con una parte de los recursos que se obtienen del oro, a los fines de que estos
sirvan de reserva para cuando se agote la mina de Pueblo Viejo, o en caso de
que se suspenda su explotación por baja de precio en el mercado internacional.
Sugirió que los restantes ingresos por el oro de Pueblo Viejo se
dediquen exclusivamente para el desarrollo nacional y el de la franja oriental
del Cibao Sur, que es donde se extrae este mineral y donde recae el impacto
directo de las actividades mineras.
“Debiera prohibirse explícitamente que los ingresos por el oro se
dediquen a cubrir déficits fiscales, la deuda externa y a gastos corrientes no
relacionados con inversiones de desarrollo o con necesidades directas de la
población”, acotó la APD.
Expresó que es una vergüenza que durante el tiempo que tiene en explotación
la mina de Pueblo Viejo las poblaciones aledañas no hayan recibido recursos o
hayan recibido mucho menos que en la preparación del inicio de las operaciones,
a pesar de que en el contrato original y en el que se renegociara en el 2013,
se establece la obligación de entregar a las municipalidades de la región el 5%
de todos los ingresos que perciba el gobierno de esta explotación.
La APD considera absolutamente inaceptable que la sociedad civil haya
sido marginada de la supervisión de la producción, exportación,
comercialización del oro y del uso de los recursos que por esta actividad ha
recibido el Estado, con una completa carencia de transparencia y sin ninguna
rendición de cuentas sobre este importante activo de la economía nacional.
La APD hizo un llamamiento para que con el oro y los recursos que este
genera “no ocurra lo de siempre en el país, poner candado después del robo,
sino que nos adelantemos aplicando los correctivos que sean necesarios antes de
que llegue la desgracia”.
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