Por Mabel Feliz Báez
En días pasados leí en el
periódico Listín Diario un artículo del periodista Oscar Medina titulado “La
laxitud americana”, lo que me motivó a escribir sobre el presente tema.
Durante mi permanencia como presidenta
del Consejo Nacional de Drogas participé en varias plenarias de la Oficina de
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, y de la Comisión Interamericana
Para el Control del Abuso de Drogas (dependencias de la ONU y la OEA,
respectivamente), relativas a la problemática de las drogas y de cómo los
Estados deben crear estrategias de reducción de la demanda y la oferta, bajo
los principios de integridad y responsabilidad compartida.
En los últimos años se ha
intensificado un movimiento global con la idea de legalizar el consumo de
drogas, aparentemente con la intención de resolver esa problemática. Para eso
argumentan que con la legalización se acabaría con el tráfico ilegal de
estupefacientes y el problema de la adicción sería controlable; además sustentan
que reduciría el poder del narcotráfico, basados en que la prohibición es la
que genera la delincuencia, y ponen como ejemplo el auge de las mafias
dedicadas al comercio clandestino del alcohol durante la ley seca en los
Estados Unidos y su supuesta desaparición luego de ser abolida dicha ley.
La realidad proyectada de la
referida disposición es totalmente falsa, ya que organizaciones ilegales
pasaron a ser empresas legales, convirtiéndose en un gran negocio, cada día en
crecimiento, no solo entre adultos y jóvenes, sino entre menores de edad, cuyos
efectos han sido desbastadores para la salud, pues ha causado enfermedades
directas, colaterales y accidentadas de diversas índoles (enfermedades
pulmonares, violencia familiar, accidentes automovilísticos, entre otros), lo
que sin duda es una muestra de lo que puede ocasionar el alcohol al individuo y
a la sociedad.
La Organización Mundial de la
Salud suministra estadísticas que expresan que el consumo de alcohol y tabaco
son las principales causas de muerte en el mundo. Si esto ocurre con el alcohol
y el tabaco, imaginemos qué pasaría con la legalización de drogas prohibidas,
cuya potencialización es mucho mayor, desaparecería el delito de narcotráfico
y, por tanto, la droga consumida sería legal, pero la adicción no acabaría, por
lo que los consumidores perderían la conciencia y la capacidad de razonar, sin
calcular los costos de estos consumidores en las calles; tendríamos que cuidar
no solo a los enfermos con males no electivos, con el rigor y celeridad debida,
sino que tendríamos que cuidar a los enfermos que han elegido su enfermedad: la
adicción a las drogas.
Detrás de la legalización hay
“sectores” que argumentan que reduciría el poder del narcotráfico a un mínimo,
fundamentados en que la prohibición es lo que genera la delincuencia y apoyan
la irrestricta libertad individual, haciendo honor a César Lombroso sobre su
teoría del libre albedrío del infractor, esto es, que cada uno es libre de
drogarse si con ello no afecta a terceros, pero resulta que no vivimos
aislados, somos entes sociales, vivimos en sociedad, por tanto, si una persona
reduce su capacidad mental y deteriora su organismo, ya está afectando a la
sociedad.
Ahora bien, los que abogan por
la legalización de las drogas, ¿han analizado el carácter biopsicosocial,
económico, político e institucional de los países no desarrollados?, ¿cuentan
estos con las estructuras referentes a presupuestos, sistema de salud primaria,
personal calificado, para desarrollar plataformas de experimentos que permitan
la legalización del consumo de estupefacientes? Los Estados no deben sucumbir
frente al poderío de los narcotraficantes, el hecho de que esa actividad
ilícita es difícil de controlar, no significa que deban conformarse y dejarla
fluir libremente.
¿Acaso crímenes como el
homicidio, trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros,
también deberían legalizarse por el simple hecho de que son inevitables y por
tanto no hay otra opción? Despenalizar el consumo de drogas es como si los Estados
renunciaran a su responsabilidad de garantizarles a los ciudadanos el derecho a
la salud.
La posición de la República
Dominicana es de cero tolerancia, el país cuenta con estrategias de reducción
de la demanda y de la oferta que se enmarcan dentro del Plan Estratégico sobre
Drogas, bajo los principios de integridad y responsabilidad compartida.
De ahí que la mejor respuesta
a los que quieren la legalización es uno de nuestros slogans del Consejo
Nacional de Drogas: “Las drogas son ilegales porque son dañinas, no son dañinas
por ser ilegales”.
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