Nota
Enviada
Barahona.- El aspirante a síndico por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Carlos García López, solicitó al alcalde
Noel Suberví Nin, que rinda un informe económico de los más de mil 500
millones que ha recibido en los 12 años que lleva al frente del ayuntamiento.
García López, manifestó que el ejecutivo
municipal, tiene la obligación de rendir un informe sobre la forma que ha
utilizado los ingresos recibidos del Presupuesto del Estado, como lo
establece la Ley-176-07 en su artículo 246,
que dice "Los servidores públicos de los municipios tienen la obligación
de responder ante los ciudadanos por su trabajo,
donde expliquen a la sociedad sus acciones, y aceptar consecuentemente la
responsabilidad de las mismas".
El dirigente político señaló que
con los recursos que ha recibido el síndico Suberví Nin, pudo haber resuelto el caos en el transito,construido
aceras y contenes, asfaltar más de dos kilómetros de calles todos los meses, un matadero, un mercado público.
Demás
señalizado las calles, corregido el drenaje pluvial, colocado semáforos
inteligentes, iluminado toda la ciudad, implementado un buen sistema de
recogida de basura que sólo se recoge en el centro de la ciudad, darle
mantenimiento a los parques
y plazas públicas, apoyado los deportes, la educación, salud y la equidad de género.
Reitero que la presente
gestión municipal de Suberví Nin, ha recibido
del Presupuesto del Estado y de los proventos municipales más de 1,500 millones
de pesos desde agosto de 2002 hasta agosto 2014, sin que la población
conozca donde han sido invertidos esos cuantiosos recursos.
No cumple con la Ley 176-07
El aspirante
peledeídesta manifestó que tampoco se está
cumpliendo con la Ley 176-07 es su artículo 21, que establece como se
destinan los fondos del ayuntamiento que son el 25% para gastos de personal, el
31% para realización de actividades, funcionamiento y mantenimiento ordinario
de los servicios municipales.
Además al menos el 40%
para obras de infraestructura, adquisición y modificación de inmuebles y
adquisición de bienes muebles, incluyendo gastos de preinversión e inversión
para iniciativas de desarrollo económico local y social; y un 4% dedicado a
programas educativos, género y salud.
El también director regional
del ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dijo que la violación
de este artículo es sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión y con el pago
de indemnizaciones.
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